1. Introducción
Desde el año 1989, cuando los mapuche y la Concertación de Partidos por la Democracia firmaron el “Acuerdo de Nueva Imperial”, se fueron generando grandes expectativas en este pueblo respecto a una eventual solución a sus problemas. Sin embargo, a pesar de que los tres gobiernos de la Concertación han tenido un papel de importancia en la organización y la movilización mapuche, hasta el día de hoy no se ha cumplido lo acordado y las ilusiones y esperanzas se van desvaneciendo poco a poco. De hecho, las políticas socioeconómicas que han imperado en Chile en los últimos años -modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Pinochet, y que ha sido continuado por todos los gobiernos de la Concertación hasta la fecha- no han generado unas condiciones que permitan satisfacer las demandas de los mapuche. Muy por el contrario, debemos decir que muchas de las políticas públicas aplicadas por estos gobiernos han perjudicado en diversos aspectos las aspiraciones de este pueblo originario en cuanto a una reivindicación, con todo lo que esto significaría, principalmente, el reconocimiento constitucional de su pueblo y la restitución de las tierras reduccionales y ancestrales. De esta forma, cada vez que ha aflorado algún conflicto, siempre se ha visto favorecido el Estado, los empresarios y las corporaciones transnacionales en perjuicio del Pueblo Mapuche.
Al mismo tiempo, con el pretexto de querer corregir errores del pasado, el Gobierno Militar decreta el fin de las reducciones y la posibilidad de que los mapuche vendan sus tierras. De esta forma, la política de división de tierras tuvo su auge durante este período (1973-1990). En esta época, a través de los decretos leyes 2.568 y 2750 de 1979, se divide casi la totalidad de las comunidades reduccionales restantes a la época en hijuelas individuales. Entre 1979 y 1990, alrededor de 2.000 comunidades fueron divididas, dando origen a alrededor de 72 mil hijuelas individuales con un total de 463 mil hectáreas. (Aylwin, 2003: 162)
Esta ley, además de promover la entrada del neoliberalismo a las comunidades mapuches que se pratrocinaba desde el gobierno, enemistó a familias mapuches entre los que vendían sus tierras y emigraban a las ciudades, y aquellos que preferían quedarse en el campo cultivando sus terrenos.
(http://www.pensamientocritico.cl/upload/est/est_041212001927_48.pdf)
De esta manera, durante la dictadura disminuye el número de campesinos mapuches y la población ligada a este tipo de economía sigue proletarizándose, emigrando y empobreciéndose. Con el neoliberalismo se incrementa la pérdida de sus tierras, donde una parte de éstas va a dar a manos de las empresas forestales. El desarrollo neoliberal del sector forestal los afecta directamente debido principalmente a que se realiza, en gran parte, en tierras que eran sus territorios ancestrales. Otra razón está asociada a lo que ellos llaman usurpaciones y ventas fraudulentas de tierras mapuches que ocurrieron durante este período. Por otra parte, el Estado neoliberal bonificó las plantaciones forestales hasta en un 90%, las eximió de impuestos y las declaró tierras inexpropiables. Además, se traspasó las industrias forestales al sector privado, algunas de ellas fueron traspasadas incluyendo los bosques y tierras. De la misma manera se licitaron bosques que eran patrimonio del Estado y se vendieron unas 60.000 hectáreas de plantaciones forestales pertenecientes a CONAF en convenio con particulares. (Saavedra, 2002: 68, 193-194)
De acuerdo a Saavedra (2002: 193), el Gobierno Militar a través de la imposición del modelo socioeconómico neoliberal, aplicó una serie de acciones que afectaron muy significativamente al sector silvoagropecuario
[1][1], en general, y a los mapuche en particular. Este ha sido uno de los efectos negativos para este pueblo que ha contribuido a la mala situación en que se encuentra actualmente.
Por otra parte, la emigración de los indígenas a los centros urbanos –proceso verificado desde comienzos del siglo XX- está claramente demostrada en el censo de 1992, “que determinó que alrededor del 80% de la población mapuche era urbana, mientras que solo el 20% restante (192.763 personas) era rural” (Instituto Nacional de Estadísticas, 1992, en Aylwin, 2003: 163).
2.8. De vuelta a la democracia
Para comenzar, debemos indicar que los tres gobiernos de la Concertación, especialmente el primero, mandato de Patricio Aylwin, han desempeñado un papel importante en la organización y movilización de los mapuche. De esta forma, el primer Gobierno de la Concertación elabora y logra aprobar una nueva Ley Indígena. Se trata de la ley Nº 19.253 del 5 de octubre de 1993, y de la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. (Saavedra, 2002: 69, 116)
[L]a ley indígena estableció el deber de la sociedad en general y del estado en particular de “respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines, proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación” (art. 1, inc. 3)
(Aylwin, 2003: 166)
Sin embargo, de acuerdo a Saavedra (2002: 69), esta ley más que modificar la situación de los mapuche produce una cooptación de sus organizaciones y movimientos sociales, a la vez que abre espacios para el ejercicio de una etnicidad separada de los problemas relacionados con la posición de clase de su sociedad.
Por otra parte, la Concertación en vez de reemplazar el modelo neoliberal, lo ha apoyado y reforzado. Las políticas públicas aplicadas por sus representantes, al igual que las iniciadas por la dictadura militar, siguen con la percepción de un sector de campesinos viables a los que se debe apoyar, y uno no viable que se trata de educar y capacitar para competir de mejor manera en el mercado laboral. Mientras el crecimiento económico que permita superar la pobreza no se dé, se debe implementar políticas asistenciales. La verdad es que, las políticas públicas de la Concertación no han frenado ni revertido las tendencias a la proletarización y el empobrecimiento de la población mapuche. (Saavedra, 2002: 69)
3. Instauración y desarrollo del modelo neoliberal en Chile
Antes de comenzar a revisar la historia del neoliberalismo en Chile, es necesario conocer el origen de esta ideología y sus principales fundamentos.
3.1. Origen del neoliberalismo y su fundamento teórico
Aunque resulta difícil definir el neoliberalismo de una manera concreta podemos decir que es una doctrina socioeconómica que considera al mercado como lo más importante para el progreso humano. Asimismo, se opone a cualquier medida proteccionista por parte del Estado, dejando todo en manos del libre comercio y suprimiendo toda frontera al capital. De esta manera, se privilegia a las empresas transnacionales por sobre los intereses de los propios países muchas veces.
Esta corriente nace después de la Segunda Guerra Mundial en el oeste de Europa y en Norteamérica. Se puede decir que constituye una reacción teórica y política contra el intervencionismo de Estado y contra el Estado de bienestar social. La carta de fundación del neoliberalismo la constituye el libro “La ruta hacia la servidumbre”, de Friedrich August von Hayek
[2][2] publicada en 1944. En él desarrolló un ataque apasionado contra toda limitación impuesta por el Estado al libre funcionamiento de los mecanismos del mercado. Más tarde, en 1947, von Hayek convoca a sus principales seguidores entre los que se encontraba Milton Friedman
[3][3] y fundan la Sociedad de Monte Peregrino, que estaba consagrada a divulgar las tesis neoliberales y a luchar contra el Keynesianismo
[4][4]. No obstante, es en los años setenta cuando comienza su auge a nivel internacional desde la eclosión de la gran crisis del modelo económico de posguerra ocurrida en 1974. Para ser más exactos, en 1979 el régimen de Margaret Thatcher en Inglaterra es el primer gobierno de un país capitalista avanzado que se compromete a poner en práctica el programa neoliberal. De la misma manera lo haría Ronald Reagan al llegar a la presidencia de Estados Unidos en 1980. (http://www.deslinde.org.Co/ Dsl25/historia_y_lecciones.htm)
Según el escritor venezolano Fernando Salas Falcón, algunas de las principales características del neoliberalismo económico son: que defiende un mercado altamente competitivo; acepta la intervención del Estado en la economía como arbitro o promovedor de la libre competencia; se opone a la fijación compulsiva de salarios por el Estado; rechaza la regulación de precios por el Estado, ya que deben fijarse en base a la relación oferta y demanda; defiende el libre comercio internacional; y, por último, defiende la libertad de contratación del trabajo y la libre movilidad de los factores de producción.
(http://www.monografias.com/trabajos/neoliberalismo/neoliberalismo.shtml)
3.2. El neoliberalismo en Chile
3.2.1. Del “Proyecto Chile” al tiempo de los Chicago Boys
En marzo de 1956, se firmó un convenio de intercambio académico entre la Universidad de Chicago, La Administración para la Cooperación Internacional y la Universidad Católica de Chile. El denominado “Proyecto Chile” vinculó institucionalmente los departamentos de economía de ambas universidades y aparte de promover las investigaciones sobre el papel que le correspondía a la empresa privada en el desarrollo nacional, principalmente establecía el envío de egresados chilenos a la universidad norteamericana y la creación de un Centro de Investigaciones Económicas en Santiago bajo la tuición académica de Chicago. Los norteamericanos querían neutralizar el enfoque estructuralista aplicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en la docencia e investigación. (http://www.uv.es/jalcazar/gonza3.htm)
Paralelamente, el Estado continuaba liderando el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones. Pese a ello, a mediados de la década del cincuenta la economía entra en una etapa de recesión. Seguidamente, debido a las dificultades experimentadas por el modelo de desarrollo mercado-internista, durante el segundo período del ex-general Carlos Ibáñez se contrata a un equipo económico extranjero para minimizar la espiral inflacionaria que se conoció con el nombre de la misión Klein-Saks (1955-1958). Las recomendaciones del grupo estadounidense concuerdan ampliamente con las primeras recetas neoliberales sobre la realidad chilena. No obstante, el intento liberalizante se vio obstaculizado por la presión social, y de esta forma finalmente serían canceladas las iniciativas de reordenamiento económico formuladas por el equipo Klein-Saks. (http://www.uv.es/jalcazar/gonza3.htm)
Como apoyo al “Proyecto Chile”, aparece el grupo empresarial de los Edwards, “[...] el que a lo menos desde 1955 venía realizando desde El Mercurio
[5][5] una fuerte crítica al proteccionismo, al intervensionismo estatal y a las visiones estructuralistas de la CEPAL” (Corvalán, 2002: 98).
Por otra parte, a mediados de la década del sesenta la derecha política tradicional había sufrido la destrucción electoral. No obstante, en 1966 se funda el Partido Nacional. Además, durante 1963, por iniciativa de Agustín Edwards, se había creado el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESEC), para contribuir al pensamiento económico de la derecha, difundiendo el discurso neoliberal: defensa de los principios de la libertad de mercado y de la eficiencia económica. (http://www.uv.es/jalcazar/ gonza3.htm)
El contrato entre las universidades –Proyecto Chile- duró hasta 1964. Durante este lapso, unos treinta economistas chilenos se educaron en Chicago, de los cuales al menos quince alcanzaron posteriormente amplia notoriedad como académicos, consultores internacionales, funcionarios públicos o ejecutivos de importantes empresas. Un grupo de estos neoliberales se integra más tarde al debate interno de la derecha chilena con el fin de ampliar su campo de influencia y diseminación ideológica.
Hacia mediados de 1972, durante la administración de Salvador Allende, en vista de que se veía venir una crisis, un equipo profesional neoliberal -que incluía a militantes del Partido Nacional, independientes de derecha y democratacristianos- comienza a discutir un programa para un gobierno post-izquierdista. El estudio estuvo concluido en 1973. Así, en los días posteriores al golpe de estado, algunos destacados neoliberales fueron llamados al gobierno a colaborar en el diseño de políticas. Este equipo neoliberal desplazó a los defensores de un programa de corte “nacionalista”, formulando un severísimo plan de ajuste estructural. (http://www.uv.es/jalcazar/gonza3.htm)
Es decir, poco a poco “[...] el ‘Proyecto Chile’ [cumpliría] con la función de generar un grupo intelectual y una teoría que a la larga [confluyó] con la derecha económica y luego con la política, para presentar un proyecto global altamente hegemónico dentro de este sector” (Corvalán, 2002: 98).
Por su parte, las fuerzas armadas querían desestructurar el modelo de desarrollo implementado hasta 1973, el que atribuía al Estado un importante rol como promotor directo del desarrollo económico, y como agente de fomento de la actividad privada. Además, el Estado era visto como regulador de las desigualdades sociales. En oposición a este modelo, un programa neoliberal requería la desestructuración social. El mercado operando libremente era el más eficiente asignador de recursos productivos y el mejor mecanismo para reestablecer los desequilibrios macroeconómicos heredados del Gobierno de la Unidad Popular (UP). Así, se lucho contra la inflación, el déficit fiscal y el establecimiento de los equilibrios básicos. Sin embargo, debido a la crisis externa, la caída del precio del cobre y la inflación, la dictadura se ve obligada a aplicar el tratamiento de schock en 1975. Esto significó, principalmente, una brusca reducción del gasto fiscal y de la inversión pública, la privatización acelerada de las empresas estatales, el incremento sustancial de los impuestos y la disminución de los salarios. A partir de ese año, este elenco de técnicos pasan a convertirse en los artífices de un nuevo modelo de desarrollo y por extensión en una de las piezas fundamentales del proyecto fundacional del régimen militar. Precisamente, en los años posteriores al schock comienza a llamarse a este grupo de economistas neoliberales los Chicago Boys. No obstante, pese a todos los esfuerzos por mantener el programa económico, la fuerte crisis económica que se produjo entre 1981-1983 ocasionó la caída del modelo. Afuera del gobierno, los Chicago Boys se refugian en el sistema universitario y en la empresa privada. Aún así, a mediados de la década de los ochenta los neoliberales volverían a la arena político-económica. La nueva generación de Chicago Boys convocados al diseño de políticas, incorporó dos elementos nuevos: flexibilidad y sutil heterodoxia. (http://www.uv.es/jalcazar/gonza3.htm)
Según Ffrench-Davis (2003: 30), el período de Pinochet se puede dividir en dos mitades: la primera (1973-1981), es un ejemplo de ortodoxia o neoliberalismo en su forma más pura o extrema; la segunda (1982-1990), se trata de una política que introduce numerosas intervenciones heterodoxas, que le dan un matiz más pragmático. A pesar de ello, muchas de las intervenciones tuvieron un curso regresivo, claramente negativo, favoreciendo a sectores con altos ingresos en perjuicio de los sectores medios y bajos.
3.2.2. La política socioeconómica neoliberal de la Concertación
La Concertación se ve, en cierta forma, presionada a seguir administrando el modelo económico-social implantado por la dictadura militar de acuerdo a la lógica de la salida pactada de 1990. De esta forma, “[...] decidieron evitar los cambios radicales en las políticas económicas vigentes y buscaron ‘un cambio en continuidad’, rompiendo así con la tradición de varios gobiernos precedentes, caracterizada por su naturaleza refundacional” (Ffrench-Davis, 2003: 42-43).
Sin embargo, la Concertación más que administrar dicho modelo lo fue haciendo cada vez más suyo. De acuerdo a Edgardo Boeninger, desde la Secretaría General de la Presidencia del primer Gobierno concertacionista, el Presidente Aylwin “[...] ‘cumplió la misión de “legitimar”’el modelo económico impuesto en los años de dictadura. Esta ‘legitimación’, añadió Boeninger, la decidió el Gobierno de Aylwin por ‘su propia convicción’” (Hugo Fazio, s/f, en Corvalán, 2002: 448).
No obstante, hay que destacar que la administración de Patricio Aylwin se esforzó por dar respuesta a las demandas sociales más urgentes, para que un mayor sector de la población se beneficiara del proceso de modernización económica. Así, se procuró conciliar equilibrios macrosociales y macroeconómicos. (Ffrench-Davis, 2003: 42)
Más adelante, bajo el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se adhieren al modelo implantado un grupo de destacados personeros concertacionistas. Esto quedó expresado en un documento titulado “Renovar la Concertación, la fuerza de nuevas ideas”. En él se señala: “Chile debe sostener con firmeza su actual modelo de desarrollo para crecer durante los próximos diez años al mismo ritmo de la década de los noventa” (Massad et al., s/f, en Corvalán, 2002: 448).
A pesar de todo, la Concertación logró importantes éxitos macroeconómicos. Consiguió que la economía creciera al siete por ciento anual hasta el estallido de la crisis asiática en 1997, de esta forma, se disminuyó la pobreza, pero la distribución de los ingresos siguió tan igual como bajo la dictadura (Corvalán, 2002: 448-449).
Luego, durante el período de Ricardo Lagos, continúa la era neoliberal, y sin alterar de forma esencial los esquemas de los anteriores gobiernos concertacionistas, “[...] reforzó los énfasis en la modernización, en particular colocando cierto acento en la integración del país a la ‘nueva economía’ globalizada, con su correspondiente utilización de las tecnologías digitales y de internet” (Corvalán, 2002: 480). Además, el neoliberalismo concertacionista llega a alcanzar la apertura unilateral y bilateral de la economía al comercio e inversión externos. Cabe mencionar, la firma de importantes “[...] tratados de libre comercio con los tres principales socios comerciales del país, la Unión Europea, los EE.UU. y Corea; y con el Mercosur, México y la mayor parte de AL, así como Canadá, antes de ello [...]”
(http://www.cep.cl/Cenda/Cen_Documentos/ Pub_MR/Ensayos/Huaraz.html),
sin dejar de lado el tratado de libre comercio firmado con China (http://www.financiero.com/internaCont_idc_58280_id_cat_296.html).
Sin embargo, las desigualdades socioeconómicas se acrecentaron durante su mandato, ya que el 5% más rico de la población terminó recibiendo ingresos 209 veces más altos que el 5% más pobre, mientras que en 1990 esa diferencia llegaba a 130 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22614). De esta forma,
[e]l neoliberalismo del socialista Ricardo Lagos[...] ha sido el motor de la bonanza económica pero también el causante de un desequilibrio social que ha colocado a Chile en el segundo puesto del continente en cuanto a "inequidad" e injusticia en el reparto de la riqueza. (http://noticias.tvn.cl/detalle.aspx?IdC=193240&IdS=161)
Asimismo, con el presente gobierno de la Concertación encabezado por la presidenta electa Michelle Bachelet, no existe mucho optimismo de que haya un cambio en el modelo socioeconómico. Así lo expresa, por ejemplo, el columnista Patricio Orellana, refiriéndose a los tres principales candidatos a la presidencia en la víspera de las últimas elecciones presidenciales, “Bachelet, Lavin y Piñera constituyen una perversa trinidad de adoradores del mercado, por lo que están de acuerdo en lo fundamental y sólo discuten por cuestiones menores” (http://www.granvalparaiso.cl/ columnistas/orellana/undios.htm).
Por otra parte, después del triunfo de la Concertación, Guerra señaló en La Jornada
[6][6] que no se puede dejar de considerar algunos datos objetivos para darse cuenta de las pocas posibilidades de que la nueva presidenta introduzca algunos cambios progresistas, ya que entre otras cosas Bachelet fue abanderada de la Concertación por la Democracia, la coalición que ha gobernado Chile durante los últimos 16 años, continuando y profundizando las recetas del neoliberalismo. Igualmente, Bachelet ha sido ministra del gobierno de Ricardo Lagos, que ha mostrado gran servilismo y complacencia hacia el gobierno norteamericano.
Sin embargo, Michelle Bachelet ha prometido terminar con el desequilibrio que existe en Chile en cuanto a la distribución de la riqueza “y para ello se encuentra con la gran ayuda de un extraordinario superávit estructural de 4.000 millones de dólares” (http://noticias.tvn.cl/detalle.aspx?IdC=193240&IdS=161).
4. La cuestión mapuche en la actualidad
No podemos adentrarnos en la problemática que existe entre el Pueblo Mapuche y el estado chileno en la actualidad, sin antes mencionar las organizaciones mapuches más importantes que han luchado durante más de cien años por sus derechos.
4.1. Organizaciones y movilizaciones mapuches a través de la historia
Desde el proceso de reducción de la población mapuche, iniciado en 1883, y su transformación en campesinos pobres y proletarios, siempre ha habido distintos procesos de resistencia y movilización social, además de distintas formas de participación política.
Las primeras organizaciones de resistencia surgen como una manera de responder a la usurpación de las tierras que ellos habían recibido en la radicación, y sus principales demandas son la defensa de su derecho sobre la tierra, de su cultura y del respeto para su pueblo.
Durante los primeros años del siglo XX (1900-1931) destacan tres organizaciones: la Unión Araucana, que estaba dirigida por los Capuchinos de la Iglesia Católica; La Sociedad Mapuche de Protección Mutua, vinculada a la Federación Obrera de Chile y al Partido Comunista; y La Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Estas organizaciones se mantienen entre 1932 y 1962, con algunas transformaciones. Luego, entre la década de 1960 y el Golpe Militar de 1973, aparecen otras organizaciones como son la Asociación Nacional Indígena (vinculada a los comunistas y socialistas), y la Nueva Sociedad Lautaro (vinculada a los democratacristianos). (Saavedra, 2002: 121)
Más adelante, durante la dictadura, las organizaciones mapuches se desintegran y sus dirigentes son brutalmente reprimidos. Pese a ello, en 1978 aparecen los Centros Culturales Mapuche. “Estos Centros intentaban oponerse a la división de las comunidades establecida por el decreto ley 2.568 impuesto por el Gobierno Militar” (Saavedra, 2002: 122). Después de un tiempo, los Centros Culturales Mapuche se transforman, fundando la Asociación Gremial de pequeños propietarios y artesanos mapuches, Ad Mapu (Bengoa, 1999: 180-181).
En los últimos años han nacido otras organizaciones y movimientos mapuches, como son Identidad Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras (Aukiñ Wall Mapu Ngullam), la Coordinadora en Conflicto de Arauco-Malleco, la Asociación Ñancucheo de Lumaco y la Coordinadora Mapuche Metropolitana. (Saavedra, 2002: 78)
4.2. Los conflictos
Uno de los aspectos más visibles de la cuestión mapuche son los conflictos que han protagonizado y cuyo origen está en las reivindicaciones, demandas y propuestas actuales de este pueblo originario. Es necesario indicar, que sólo ha habido algunos períodos de intensa movilización y que este pueblo alcanzó “[...] el más alto grado de movilización social conocido hasta la fecha, en los conflictos asociados a la Reforma Agraria y a la recuperación de tierras entre 1964 y 1973” (Foerster y Montecinos, 1988, en Saavedra, 2002: 120).
Las demandas actuales nacen a principios de 1990 con las tomas de tierra lideradas por el Consejo de Todas las Tierras y Aucán Huilcamán con las movilizaciones de rechazo a la construcción de represas hidroeléctricas en el Alto Bío-Bío. Luego, en 1997 comienzan los conflictos de Lumaco, que hacen renacer esta nueva ola de movilizaciones.
Entre los conflictos que se han producido en los últimos 10 años se destacan
[7][7]:
· El rechazo a la construcción de la Represa en Ralco;
· El rechazo de las comunidades de Truf Truf y Coyawe (en las afueras de Temuco), a la construcción de un By-Pass, que, según los afectados, pasaría por 28 comunidades y 59 sitios sagrados y cementerios, dividiendo en algunos casos propiedades indígenas afectando a unas 600 familias.
· La oposición a la construcción de la carretera de la costa, en sector de la Isla Huapi, que cruzaría 10 comunidades lafquenche, pasando por dos canchas de nguillatún;
· Las protestas en San José de la Mariquina por la construcción de una planta de celulosa;
· Los conflictos de Lumaco, y una serie de tomas que se multiplican a partir de esta fecha. Desde octubre de 1997 se producen acciones de las comunidades del sector. Reuniones, toma de tierras y caminos; quema de camiones de una empresa forestal.
(Saavedra, 2002: 125)
Por otra parte, existe una serie de organizaciones mapuches que durante estos últimos años han alcanzado gran importancia en relación a los conflictos antes mencionados, entre ellas destacan: Ad Mapu, Identidad Lafkenche, el Consejo de Todas las Tierras, la Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco-Malleco, la Asociación Ñancucheo de Lumaco y la Coordinadora Mapuche Metropolitana. (Saavedra, 2002: 127)
4.3. Organizaciones mapuches y sus demandas
En 1999, las organizaciones mapuches agrupadas en el “Referente Mapuche 2000” firmaron la “Proclama de Temuco”. Esta proclama incluye 16 demandas, entre las que se cuentan:
· Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de Chile;
· Autonomía, entendida como el derecho a establecer mecanismos de participación real en la decisiones económicas, políticas, educacionales, administrativas y jurídicas que los afectan.
· Creación de un parlamento indígena como órgano representativo de las demandas del sector.
· Condonación inmediata de las deudas con INDAP
[8][8].
· Puesta en vigencia de un plan integral de soluciones a conflictos de tierras.
· Creación de una línea de créditos en el Banco del Estado para pequeños y medianos empresarios mapuche.
· Formación de una división de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación.
· Paralización inmediata de plantación de pinos y eucaliptos en los sectores adyacentes a las comunidades indígenas.
(Foerster y Lavanchy, 1999, en Saavedra, 2002: 128)
En 1999 el Consejo de Todas las Tierras presentó una propuesta de ocho puntos:
1. Derecho a la autodeterminación, el que debe expresarse en todas las políticas del Estado que afecten al pueblo mapuche, sus tierras, territorios y recursos;
2. Reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, que debe admitir la preexistencia a la conformación del Estado de la “nación” mapuche y su derecho a la autodeterminación, a la tierra y territorio (incluyendo aprovechamiento del suelo y subsuelo).
3. Derecho a la participación, manifestado bajo el principio de discriminación positiva en el Congreso, que garantice dos parlamentarios mapuche por Cámara.
4. Reconocimiento de una parlamento autónomo mapuche, compuesto por representantes elegidos conforme a la propia cultura.
5. Restitución de las tierras, reduccionales y ancestrales, y del territorio, (Bíobío al Sur).
6. Ratificación de los convenios internacionales aplicables a los pueblos indígenas, en especial al convenio 169 de la OIT
[9][9].
7. Respeto al sistema normativo mapuche mediante reforma al código de procedimiento penal que incluya aspectos sustantivos de la cultura mapuche constituidos en el Ad Moguen y Nor Moguen
[10][10].
8. Retirada de las forestales del territorio mapuche.
(Foerster y Lavanchy, 1999, en Saavedra, 2002: 130)
La Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco tiene como objetivo central la recuperación de un territorio y la búsqueda de la autonomía mapuche. Quieren recuperar 200.000 hectáreas usurpadas por las empresas forestales para posteriormente reconstruir la “nación mapuche”.
[...] José Huenchunao resumía las demandas básicas de la organización al respecto en los siguientes puntos: primero, una ley especial con facultad de expropiación de predios; segundo, creación de una comisión especial que aborde el tema de los conflictos de tierra y el desarrollo de las comunidades mapuches; y, tercero, mayores fondos y mayor facultad política de negociar para la CONADI.
(Saavedra, 2002: 131-132)
4.4. Políticas gubernamentales
En el año 1989, los pueblos indígenas y la Concertación firmaron el “Acuerdo de Nueva Imperial” en el que los mapuche presentes se comprometieron a apoyar al candidato de la Concertación y a respetar la institucionalidad que se establecería para canalizar sus demandas. La Concertación acogería las demandas de los pueblos indígenas. Estas peticiones incluían desde reclamaciones de tierras hasta el reconocimiento constitucional y el derecho a la autodeterminación. De esta forma, la primera administración de la Concertación, mandato de Patricio Aylwin, promulgó la nueva Ley Indígena (19.253), que intentó plasmar lo acordado en el pacto de Nueva Imperial. Además, se creo la Corporación de Nacional para el Desarrollo Indígena, CONADI. No obstante, para ser aprobada la ley en el Parlamento, debió ser modificada, ya que la Concertación no tenía la mayoría suficiente para legislar de acuerdo a sus términos. Por este motivo, esta nueva Ley Indígena no cumplió con las expectativas y aspiraciones de las organizaciones mapuches. (Saavedra, 2002: 133)
Pese a ello, es importante mencionar que “[...] la política de tierras de la CONADI, [...] desde su inicio al 2002 ha permitido la adquisición, saneamiento y/o regularización de alrededor de 170.000 has. en beneficio de más de 8 mil grupos familiares mapuche” (Aylwin, 2003: 279). Esto ha significado un gran avance en lo que se refiere a la ampliación y protección de tierras indígenas.
Más adelante, durante el segundo período de la Concertación, la aprobación de la construcción de la represa Ralco y la “renuncia”
[11][11] de Domingo Namuncura de la dirección de la CONADI, por no autorizar la permuta de tierras en Alto Bío-Bío yendo en contra de Eduardo Frei, significaron el quiebre de las relaciones entre el gobierno y las comunidades mapuches. Es decir, “[l]a coyuntura la entregó el propio gobierno liquidando el Pacto o Acuerdo de Nueva Imperial” (Bengoa, 1999: 219).
Por su parte, el presidente Ricardo Lagos se mantuvo bastante cauteloso en cuanto a los reconocimientos y no discutió los temas de autonomía, territorios ni recuperación de tierras (Saavedra, 2002: 136).
Cabe destacar que las políticas indígenas de los tres mandatos de la Concertación -al igual que la mayor parte de las políticas gubernamentales y no gubernamentales aplicadas durante el siglo XX- han correspondido al indigenismo integracionista
[12][12], que ha sido, y puede ser, considerado etnocida. Este fue el carácter del Pacto de Nueva Imperial, de la CEPI
[13][13], y de la actual Ley Indígena. (Saavedra: 149-150)
Según Saavedra, “[l]as políticas indigenistas de estos gobiernos, y sus intelectuales orgánicos, están claramente subordinadas a las políticas de apoyo al neoliberalismo y a sus expresiones políticas en el carácter del Estado” (Saavedra, 2002: 169). Por lo demás, y como era esperable, “[...] los Gobiernos de la Concertación han privilegiado la actividad empresarial en actividades fundamentales para el modelo neoliberal, como la actividad forestal
[14][14], aún cuando estas involucran serios conflictos con los mapuche” (Saavedra, 2002: 134).
Asimismo, el poder legislativo, además de oponerse a la introducción de reformas jurídicas que den una solución institucional a las demandas territoriales mapuches, ha exigido al gobierno defender el estado de derecho supuestamente amenazado por los mapuche. El poder ejecutivo por su parte ha reprimido fuertemente las movilizaciones indígenas, actuando con violencia desproporcionada en contra de ellos y dañando sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo, se ha involucrado en la persecución judicial de quienes están envueltos en las movilizaciones, requiriendo, al igual que el Ministerio Público, la aplicación de leyes especiales, como la ley antiterrorista y la ley de seguridad del estado, que aparte de vulnerar el derecho al debido proceso resultan en condenas desproporcionadas e injustas. (Aylwin, 2003: 280-281)
De igual forma, podemos decir que las estrategias gubernamentales dividen en dos grupos a los mapuche en lo que se refiere a “las tomas”, y otras movilizaciones combativas: uno es el grupo formado por “violentistas”, “rupturistas” – hoy llamados “terroristas”-; y otro que acepta las reglas del juego y está dispuesto a conversar. Con los últimos se dialoga, a los primeros se les reprime con la fuerza. (Saavedra, 2002: 169)
De acuerdo a Foerster y Lavanchy, frente a las movilizaciones y demandas mapuches las políticas gubernamentales han incluido “tres líneas de respuesta”:
· la represión de las comunidades movilizadas por medio del accionar de carabineros y de los tribunales de justicia, buscando mantener el respeto hacia la legalidad vigente;
· tratar de bajar el perfil a la real magnitud del conflicto; y,
· implementar diversas formas de diálogo con las comunidades. Entre ellos destacan los así llamados “Diálogos Comunales”.
(Foerster y Lavanchy, 1999, en Saavedra, 2002: 134)
4.5. La viabilidad de las reivindicaciones mapuches en el marco del modelo socioeconómico neoliberal en Chile
Para comenzar es necesario señalar que no se hará un análisis demasiado profundo para demostrar las hipótesis presentadas en la introducción con respecto a las reivindicaciones mapuches. Ello se debe a que por una parte -tomando en cuenta lo abordado en algunos de los capítulos anteriores- es bastante elocuente que las políticas neoliberales hacen muy difícil que la situación de los mapuche experimente una transformación radical. Por otra parte, el hacer un análisis profundo exigiría que nos extendiéramos excesivamente en el texto.
En primer lugar, si nos basamos fundamentalmente en la evidencia que nos entregan los apartados 3.1. y 4.4. que se refieren a las características de la ideología neoliberal y a las políticas gubernamentales (relacionadas con las demandas del Pueblo Mapuche y los conflictos con el Estado) respectivamente, podemos constatar lo siguiente. Primero, el modelo socioeconómico neoliberal reinante hoy en Chile se contrapone, casi totalmente al proceso reivindicativo de los mapuche, debido a que defiende el funcionamiento de libre mercado sobre todas las cosas. Segundo, todos los gobiernos de la Concertación hasta la fecha, fieles al neoliberalismo, han privilegiado al gran empresariado, reprimiendo a los mapuche y haciendo respetar las Leyes y el Estado de Derecho cuando ha sido necesario.
No obstante, debemos reconocer que la Ley Nº 19.253 de 1993 significó “ [...] un avance en el reconocimiento jurídico de la especificidad cultural de los mapuche y de otros pueblos indígenas del país, de su derecho a la tierra, y de su derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen” (Aylwin, 2003: 279). Pese a ello, las debilidades que presenta esta ley ha permitido al Estado la ejecución de una serie de proyectos de inversión privada de gran envergadura en tierras de propiedad o reclamadas por los mapuche. Todo esto, debido a que la ley de 1993 no protege los derechos de los indígenas sobre los recursos naturales. De manera que, “[...] dichos recursos pueden ser cedidos por el Estado a personas no indígenas que pueden aprovecharlos o explotarlos, aún cuando estos se encuentren dentro de tierras indígenas” (Aylwin, 2003: 207).
Por otra parte, aunque los estudios de impacto ambiental (EIA) fueron introducidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Nº 19.300 de 1994), éstos no han impedido la ejecución de los megaproyectos de empresas nacionales e internacionales con el apoyo del Estado, a pesar del impacto negativo que tienen en los recursos naturales o en las comunidades locales. De acuerdo a un estudio crítico de los primeros cuatro años de implementación de los EIA, el 95% de los proyectos que se sometieron a este proceso obtuvieron el permiso solicitado de parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA. (Aylwin, 2003: 207)
Por lo tanto, se genera una contradicción entre la política de protección y ampliación de las tierras indígenas que ha impulsado el Estado, basándose en la ley de 1993 y la política de fomento a las inversiones productivas o de infraestructura que hoy rige en el país. Lamentablemente, la última siempre se ha impuesto a la primera cuando se han generado conflictos (Saavedra, 2002: 223).
De acuerdo a Saavedra, “[e]n una sociedad como la nuestra –capitalista y subordinada-, regida por el neoliberalismo como modelo de desarrollo, las posibilidades de intervenciones sociales que resuelvan los aspectos objetivos de la cuestión mapuche
[15][15] son mínimas” (Saavedra, 2002: 258). Según su opinión (2002: 258), el neoliberalismo considera que el Estado debe tener una mínima intervención en la solución de los problemas de la población mapuche; que éstos serán resueltos a través de la economía de libre mercado y respetando el principio de igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos chilenos. Este modelo, se basa en la idea de si les va bien a los empresarios habrá beneficios para todos los chilenos, incluidos los mapuche. A pesar de esto, en el apartado 3.2.2. (La política socioeconómica neoliberal de la Concertación), en la cita referida a Ricardo Lagos y la enorme desigualdad en el reparto de la riqueza durante su periodo, podemos constatar totalmente lo contrario.
Finalmente, y a modo de ejemplo, tomaremos algunas de las principales demandas del Pueblo Mapuche presentadas en el apartado 4.3. (Las organizaciones mapuches y sus demandas), como son: el derecho a la autodeterminación, el que debe expresarse en todas las políticas del Estado que afecten al Pueblo Mapuche, sus tierras, territorios y recursos; reconocimiento constitucional del Pueblo Mapuche, que debe admitir la preexistencia a la conformación del Estado de la “nación” mapuche y su derecho a la autodeterminación, a la tierra y territorio (incluyendo aprovechamiento del suelo y subsuelo); y la restitución de las tierras, reduccionales y ancestrales, y del territorio, (Bíobío al Sur). Debemos reconocer, tomando en cuenta la base ideológica del modelo neoliberal y las políticas llevadas a cabo por la Concertación, que estas demandas no tienen cabida alguna en su programa. Además, gran parte del territorio que los mapuche reclaman está en poder de las empresas forestales, las cuales cuentan con todo el apoyo del Estado y las Leyes. Así sucede, por ejemplo, que “[d]os empresas forestales, Mininco y Arauco, de capitales mayoritariamente nacionales, poseen más de un millón de has., la mayor parte de ellas en territorio ancestral mapuche” (Aylwin, 2003: 208). Estas empresas en general se mantienen inflexibles frente a las demandas mapuches. De esta forma, en relación a sus reclamaciones territoriales argumentan que poseen los títulos legales de propiedad, y niegan la validez de los derechos posesorios ancestrales (Aylwin, 2003: 209).
5. Conclusiones
Al comienzo de nuestro trabajo nos propusimos investigar para confirmar nuestras hipótesis acerca de las dificultades que presentaba el modelo socioeconómico neoliberal para las reivindicaciones de los mapuche. Sin embargo, primero quisimos conocer el origen de la situación actual de este pueblo. Fue con este propósito que examinamos su historia llena de sufrimientos e injusticias. Así, observamos como los mapuche fueron -y siguen- perdiendo sus territorios, y con ello las bases de su cultura, a través de las distintas épocas.
Primero, los españoles por medio de la conquista y la colonización despojan a la población Picunche de gran parte de sus tierras, exterminando a muchos de ellos e incorporando a varios de los sobrevivientes a la sociedad colonial a través del trabajo y la evangelización. Aún así, los mapuche mantienen su autonomía política y territorial hasta mediados del siglo XIX. No obstante, la verdadera masacre la lleva a cabo el estado chileno durante el período republicano, a través de “La Pacificación de la Araucanía”, cuando los territorios que poseían los mapuche hasta entonces fueron ocupados por el ejército y distribuidos a colonos nacionales y extranjeros. Consiguientemente, los indígenas fueron confinados en reducciones, y se los comienza a “chilenizar”, imponiéndoles la lengua, la religión y las costumbres de la sociedad chilena. Podríamos decir que estos acontecimientos marcan el origen de los actuales problemas de los mapuche: es en esta época cuando pierden la mayor parte de sus territorios, y con ello gran parte de su cultura, además, comienzan a empobrecerse y a perder las tierras restantes.
Por otra parte, al concluir el período de radicación, el Estado comienza la división de las tierras mapuches en hijuelas individuales. Una serie de leyes que se dictaron en el siglo XX, pero principalmente durante la dictadura, intentaron facilitar la transferencia de las tierras a no indígenas para que las explotaran intensivamente. Esto provocó que perdieran miles de hectáreas enajenadas a no indígenas. Además, el Gobierno Militar, mediante la “contrarreforma agraria”, logró que muchas de las tierras que los Mapuche habían recuperado a través de la Reforma Agraria fueran privatizadas nuevamente. Así muchas de ellas cayeron en manos de las empresas forestales. Asimismo, durante la dictadura se impone el modelo económico neoliberal, que trajo, entre otras consecuencias negativas, el aumento de la pérdida de terrenos indígenas.
De esta forma, llegamos al último tramo de la historia donde distintos gobiernos, que muy fieles a las ideologías neoliberales, siguen beneficiando y defendiendo a los empresarios, en perjuicio de los indígenas. En cualquier caso, hay que reconocer que la promulgación de la Ley 19.253 -pese a sus debilidades, algunas de ellas mencionadas en este trabajo- junto con la creación de CONADI, han hecho mucho por los mapuche. A pesar de ello, fue el propio gobierno de la Concertación el que liquidó el Acuerdo de Nueva Imperial.
Por último, como lo hemos comprobado a través de nuestro trabajo, es muy difícil que estos gobiernos – que están comprometidos con el neoliberalismo y apoyados por el sistema legal vigente- ayuden a los mapuche a recuperar lo que en realidad les pertenece, cuando al mismo tiempo defienden un modelo de desarrollo que privilegia el mercado y el capital sobre todo. Consiguientemente, de acuerdo a los antecedentes revisados en este trabajo y el análisis realizado, podemos concluir que sería preciso hacer cambios radicales en el modelo socioeconómico, cambios que permitan satisfacer las demandas mapuches, y además, promulgar leyes que efectivamente permitan desarrollar una política proteccionista hacia los pueblos originarios de nuestro país y de sus territorios.
Referencias bibliográficas
Bibliografía
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Informe que presenta la realidad pasada y presente de los derechos y la situación de los indígenas en Chile. Asimismo, se analiza críticamente las políticas impulsadas para los mapuche por el estado a partir de la ley 19.253 de 1993, y los conflictos que se han generado los últimos años. Los capítulos más relevantes para este trabajo han sido el I, VI, VII, VIII y X, la mayor parte de ellos exclusivamente dedicados al pueblo mapuche.
Bengoa, José. 1999. Historia de un conflicto:El estado y los mapuches en el siglo XX. Santiago de Chile: Planeta/Ariel.
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Corvalán, Luis. 2002. Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana.
Es una obra que aborda la historia política e ideológica de Chile entre los años 1950 y 2000, mostrando el proceso de transformación que lleva a Chile del anticapitalismo al neoliberalismo. Además, Corvalán nos presenta la metamorfosis que fueron sufriendo los principales partidos y organizaciones políticas a través de este decisivo período de nuestra historia.
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En este libro Ffrench-Davis, critica de una manera constructiva las políticas económicas aplicadas en Chile los últimos treinta años: durante y después del régimen militar. De esta forma, expone las consecuencias que dichas políticas económicas han tenido en el desarrollo de nuestro país y en su población. Especial énfasis se le da al tema de la acentuada desigualdad en la distribución de la riqueza que han traído consigo las recetas neoliberales.
Saavedra, Alejandro. 2002. Los Mapuche en la sociedad chilena actual. Santiago: LOM Ediciones.
En su obra Saavedra analiza la actual situación del pueblo mapuche en Chile, para ello nos presenta la historia pasada y reciente: dejando de lado los eufemismos expone los orígenes de la dura realidad que hoy viven. Asimismo, hay una crítica clara a las políticas públicas hasta ahora aplicadas a los indígenas por los distintos gobiernos. También, se aborda las posibles soluciones a sus problemas, y la tarea que le correspondería al Estado y a los movimientos mapuche en este proceso.
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Bladimir Carrasco Castro es candidato de Licenci
[1][1] El Estado adoptó una serie de políticas respecto del sector silvoagropecuario. Entre estas destacan: a) la liberación del mercado de la tierra, lo que permitiría su libre comercialización, de modo que se produjera su traspaso a los “empresarios eficientes”; b) el traspaso de los activos agroindustriales de la CORFO y la licitación de los activos de las organizaciones económicas del sector reformado al sector empresarial; c) la privatización de la actividad forestal mediante el traspaso de las empresas estatales de la industria forestal al sector privado; d) el traspaso al sector privado de la asistencia técnica y crediticia impartida por el Estado a los pequeños y medianos propietarios agrícolas y, [e]) la destrucción de las organizaciones sindicales campesinas, para mantener bajos los salarios reales agrícolas y “liberalizar”, también, el mercado del trabajo. Junto con ello se realizó el proceso conocido como “contrarreforma agraria” en el que se devolvió a los antiguos propietarios las tierras expropiadas por la CORA. (Saavedra, 2002: 193)
[2][2] Friedrich Von Hayek (Viena 1899-Friburgo de Brisgovia 1992) economista británico de origen austriaco. Antikeynesiano, estudió la crisis y defendió el monetarismo. En 1974 compartió el premio Nóbel con K. G. Myrdal. (Pequeño Larousse Ilustrado, 2005)
[3][3] Milton Friedman (Nueva York, 1912-) economista estadounidense. Principal representante de la escuela monetarista llamada “de Chicago”, defiende una política estricta de control del crecimiento de la masa monetaria. (Premio Nóbel 1976.) (Pequeño Larousse Ilustrado, 2005)
[4][4] John Maynard Keynes (lord), economista y financiero británico (Cambridge 1883-Firley, Sussex, 1946). Preconizó la intervención del estado para garantizar el pleno empleo a través del aumento de las inversiones públicas (Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, 1936). Su doctrina tuvo una considerable influencia en el pensamiento y en las políticas económicas del s. XX (keynesianismo). (Pequeño Larousse Ilustrado, 2005)
[5][5] Uno de los principales periódicos chilenos
[6][6] Periódico mejicano
[7][7] Para mayor información acerca de los conflictos véase Aylwin, 2003: 206-220.
[8][8] Instituto de Desarrollo Agropecuario
[9][9] Organización Internacional del Trabajo
[10][10] Estado de Derecho Mapuche
[11][11] Al primer director, Maurico Huenchulaf, se lo removió por no dar paso a las permutas de tierras que posibilitarían el traslado de las familias pehuenches, y al segundo director, nombrado en su reemplazo, Domingo Namuncura, se lo saco de su cargo por el mismo supuesto delito. (Bengoa, 1999: 213,214)
[12][12] El “indigenismo integracionista” también conocido como indigenismo proteccionista plantea “la integración del indio a la sociedad nacional, con todo y su bagaje cultural, proporcionándole los instrumentos de la civilización necesarios para su articulación dentro de una sociedad moderna”. (Saavedra, 2002: 149)
[13][13] La Comisión Especial Para los Pueblos Indígenas, nombrada por el Presidente de la República y presidida por José Bengoa. Este organismo y algunos intelectuales y políticos de la Concertación fueron los que elaboraron e hicieron aprobar la nueva Ley Indígena. (Saavedra, 2002: 116-117)
[14][14] En la VIIIª Región, por ejemplo, se proponen una serie de subsidios adicionales como el “Estímulo a la instalación de empresas intensivas”; el “Confinamiento para la realización de estudios de proyectos de inversión en la zona”; la “Contratación de agentes privados promotores de inversión”; la “Garantía al financiamiento de proyectos en la zona” y el “Fondo de garantía de crédito y seguro de crédito exclusivo para la zona”. (Antezana, 2001, en Saavedra, 2002: 134)
[15][15] Los aspectos objetivos de la cuestión mapuche según Saavedra son: la pobreza, la subordinación, la discriminación interétnica, la injusticia social, la reparación histórica por parte del estado chileno. (Saavedra, 2001: 257)
